martes, 9 de septiembre de 2008

Monte indígena: propuestas para su conservación

Comunicado de prensa - 9 de setiembre de 2008
Monte indígena: propuestas para su conservación

La tala ilegal de 80 hectáreas de monte indígena por parte de la
empresa española Ence ha actuado como disparador para que
el tema de la destrucción de nuestros montes se instalara en el
debate público. Desde ese momento Guayubira no ha cesado
de recibir denuncias desde todos los rincones del país, que
involucran a empresas nacionales y extranjeras, forestales,
sojeras, lecheras, ganaderas y hasta un club de esparcimiento.

En teoría, el monte indígena está protegido por la ley 15939,
cuyo artículo 24 dice: “Prohíbese la corta y cualquier
operación que atente contra la supervivencia del monte
indígena”.

Sin embargo, dicho artículo termina diciendo: “con excepción
de los siguientes casos:

A) Cuando el producto de la explotación se destine al uso
doméstico y alambrado del establecimiento rural al que
pertenece.
B) Cuando medie autorización de la Dirección Forestal basada
en un informe técnico donde se detallen tanto las causas que
justifiquen la corta como los planes de explotación a efectuarse
en cada caso.”

Es decir, que de acuerdo con esas excepciones establecidas en
el texto legal, no toda corta u operación que “atente contra la
supervivencia del monte indígena” es necesariamente ilegal. A
ese problema se suma el hecho de que el principal mecanismo
de control está constituido por las guías de transporte de
madera, que solo puede ser efectivo cuando la corta se realiza
para la venta de leña. En casos como el de Ence y de otras
empresas, cuyo objetivo no es la venta de leña sino “ganar
campo” a costa del monte, dicho mecanismo resulta totalmente
ineficaz, puesto que la madera no sale del campo.

De acuerdo con funcionarios del MGAP, la Dirección Forestal
controla directamente a las empresas forestales, ya que éstas
deben registrarse en la Dirección Forestal, donde se constata si
el campo a forestar contiene monte indígena. Sin embargo, ese
control no existe para el caso de otras empresas agropecuarias
–sojeras, trigueras, lecheras, ganaderas- que no tienen que
pedir permiso al ministerio para realizar sus actividades. Al no
existir ningún mecanismo formal de control para evitar la tala
ilegal, la supervisión se realiza a través de denuncias de actores
públicos y privados y, según trascendió en la prensa, las
mismas habrían “colmado la capacidad de trabajo" del
Departamento de Bosque Nativo de la Dirección Forestal.

Si bien toda erradicación de monte indígena es grave, existen
casos que revisten más gravedad que otros, dado que afectan a
montes únicos y en peligro de desaparición. Tal es el caso del
monte de parque, que solo existe en el litoral del río Uruguay y
que a lo largo de nuestra historia ha sufrido procesos tales de
degradación que hoy existen escasos remanentes en buenas
condiciones. Contiene en general especies de lento crecimiento
como el algarrobo, ñandubay, chañar, espinillo, cina cina, tala,
coronilla y otras. Es precisamente éste el tipo de monte que fue
eliminado por Ence y por varias empresas sojeras nacionales y
extranjeras que han sido multadas por el Estado.

Es importante destacar que en la corta ilegal de nuestros
montes intervienen dos actores totalmente distintos. Por un
lado están los leñadores locales, que con sus carritos abastecen
de leña a casi todos los centros poblados del país y en
particular del interior. Dicha actividad tiene características que
la diferencian de otras formas de tala. Por un lado, porque
cumple una función social en cuanto a la generación de
ingresos a personas sin empleos estables y por otro lado,
porque el monte no es erradicado y puede volver a regenerarse,
aunque con cierto grado de degradación. El caso de la tala
empresarial es totalmente distinto, puesto que lo que se
persigue es aumentar aún más la rentabilidad de la inversión
“agrandando el campo” a costa del monte y resulta en la
erradicación definitiva del mismo. Una vez eliminado el monte
–a menudo con el uso de topadoras y en muchos casos con
aplicación masiva de herbicidas- se siembra soja, trigo,
pasturas o árboles que hacen imposible la regeneración del
monte.

También es muy diferente el costo que implica la tala ilegal
para ambos actores. Para los primeros significa ser detenidos
por la policía y ver su leña y vehículos confiscados en tanto
que para los segundos implica el pago de una multa –que las
más de las veces ni siquiera pagan- pero que, de acuerdo con
gente local “dicen que total pagan la multa, que igual les
conviene”, ya que es más lo que ganan usando esa tierra para
sus cultivos que el costo de la multa.

Un tercer actor, que se maneja dentro de la legalidad, estaría
constituido por las empresas dedicadas fundamentalmente al
abastecimiento de leña a Montevideo, cuyo accionar es
controlado a través del mecanismo de las autorizaciones de
corta de la Dirección Forestal y de las guías de transporte.

Dado que el control depende en gran medida de denuncias de
gente local, importa destacar que esa gente se enfrenta a varios
problemas. Por un lado, no puede saber si la tala que quiere
denunciar es legal o ilegal, porque no se informa de ello a nivel
local. Por otro lado, debe destinar su tiempo y dinero para
identificar el organismo pertinente donde hacer la denuncia y
desplazarse a donde corresponda para poder hacerla efectiva.
Finalmente, son muchas las personas que manifiestan temor de
hacer la denuncia y solicitan permanecer en el anonimato.
Dicho temor se origina en las represalias sociales, laborales o
comerciales que podría implicarles la denuncia si se hiciera
público el nombre de el o la denunciante, lo que ya ha ocurrido
en varios casos.

Las múltiples denuncias recibidas por Guayubira durante las
últimas dos semanas abarcan un conjunto diverso de
situaciones en Canelones, Colonia, Durazno, Maldonado,
Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, Tacuarembó y
Treinta y Tres. De ellas vamos a destacar tres a modo de
ejemplo, sin aportar los detalles completos por tratarse de
denuncias para las que no contamos con los medios para su
verificación, pero que provienen de fuentes fidedignas.

Uno de ellos es una empresa forestal chilena que opera en el
norte del departamento de Rocha. De acuerdo con la denuncia
recibida, esa empresa estaría eliminando amplias áreas de
monte con topadora y tirando los restos de la corta a las
profundas quebradas existentes en su predio.

Otra denuncia se refiere a una empresa neocelandesa que opera
también en Rocha, sobre la que se afirma que está erradicando
importantes zonas de monte para ampliar la superficie
dedicada a la explotación lechera. De acuerdo con la
información recibida, los “holandeses” (como se les llama en
la zona) “quemaron todo el monte indígena que tenían en sus
campos y ni siquiera dieron la leña a la gente de la zona”.
Dicha fuente afirma que “se veía la humareda de lejos”.

El tercer ejemplo es una denuncia que nos llega desde
Paysandú, que informa que un grupo económico argentino
cortó el monte indígena de sus establecimientos para ampliar
la superficie destinada a la agricultura, en ese caso la soja.

En cuanto al tema de la corta por pequeños leñadores, interesa
destacar como positiva la iniciativa de la Intendencia de
Florida, donde se han juntado una serie de actores (la
Dirección de Desarrollo municipal, la Dirección de Paseos
Públicos, la Dirección Forestal y el Programa de Producción
Responsable del MGAP) para poner orden en la extracción de
leña del monte propiedad de la Intendencia de Florida. Es así
que se regularizó la tala y se la enfocó en la corta de especies
exóticas invasoras como el ligustro, que produce buena leña.
Al mismo tiempo, se llevó a cabo una campaña de
sensibilización a nivel de la población local para difundir la
importancia de conservar el monte nativo y para promover el
consumo de leña de especies exóticas. De acuerdo con
declaraciones de un monteador conforme con los resultados:
"ahora no tengo que robar ni andar a escondidas y puedo
mantener a mi familia tranquilo".

En vista de todo lo anterior y de la grave situación que
enfrentan nuestros montes, Guayubira propone las siguientes
medidas:

1) Que las intendencias municipales organicen la extracción de
leña por parte de los leñadores locales y que la reorienten
hacia la corta de especies exóticas invasoras como el ligustro,
la espina de Cristo, paraíso, fresno y otras. De esta manera se
cumpliría un objetivo social y a la vez el objetivo ambiental de
erradicación de especies invasoras
2) Que se establezcan mecanismos de información al público
acerca de las talas autorizadas por el Estado, con detalles
completos (establecimiento, empresa, área de corta autorizada)
disponibles en la página web del MGAP
3) Que se aporte información en la misma página acerca de los
criterios utilizados para autorizar cortas
4) Que se divulguen a través de las intendencias los teléfonos y
direcciones electrónicas de las dependencias estatales donde se
puedan hacer denuncias de tala, sin necesidad de aportar los
datos personales de los denunciantes
5) Que se prohíba que las áreas deforestadas ilegalmente se
destinen a otro uso que no sea la reforestación con las mismas
especies indígenas que fueron erradicadas
6) Que se incrementen sustancialmente las multas a empresas
que practiquen talas ilegales
7) Que el producido de las multas se destine enteramente a
financiar equipos estatales de control de tala de montes.


por más información o entrevistas:
Grupo Guayubira
410 0985 / 413 2989 / 099 367 966
info@guayubira.org.uy
http://www.guayubira.org.uy



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Maldonado 1858
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tel: 413 2989 - fax: 410 0985
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