Boletin 142 del WRM

número 142 - Mayo 2009
NUESTRA OPINIÓN
Ensayo de campo con árboles genéticamente modificados: la contribución del gobierno belga al Día Internacional de la Diversidad Biológica
COMUNIDADES Y BOSQUES
Para las comunidades locales de Camboya, el bosque Prey Long “equivale a la vida misma”
Ecuador: los conflictos contra la cría de camarones contribuyen a la emancipación de las mujeres
Gabón: Marc ONA ESSANGUI, Premio Ambiental Goldman 2009
Perú: pueblos amazónicos, bastiones de resistencia
Fuerte protesta contra los planes del WWF de certificar la acuicultura industrial insostenible
COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES
Australia: movimiento ambiental barre bajo la alfombra preocupación por plantaciones
Camboya: Indígenas se enfrentan a un imperio del caucho
Chile: oposición a subsidios gubernamentales para expansión de monocultivos de árboles
China: plantaciones de Eucaliptos – desde Finlandia con conflicto
Costa Rica: aumenta la subvención del estado a las plantaciones de monocultivos
Guatemala: impactos ecológicos y sociales de las plantaciones de palma africana
Nuevo video en línea sobre plantaciones de madera en el sur de África

NUESTRA OPINIÓN

- Ensayo de campo con árboles genéticamente modificados: la contribución del gobierno belga al Día Internacional de la Diversidad Biológica

El 6 de mayo, la Ministra de Innovación y Ciencia de Flandes (Bélgica), Patricia Ceyssens, plantó un árbol. No hay nada extraño en ello, claro. Lo inusual de esta ceremonia “verde” fue que éste no era un árbol cualquiera. De hecho, se trataba del primer álamo modificado genéticamente plantado por el Instituto Flamenco de Biotecnología (VIB) en un ensayo de campo abierto, que sería seguido por la plantación de 119 especímenes más en el mismo lugar durante los días siguientes.

La presencia de la ministra no fue una sorpresa, dado que el VIB es financiado por el gobierno flamenco, pero su participación activa en esta actividad de plantación en particular podría verse también como una declaración política contra los funcionarios de gobierno que se habían opuesto a esta prueba de campo, contra organizaciones como Nature & Progrès Belgique y Greenpeace Bélgica, y también contra la mayoría del público belga en general, el cual había expresado su opinión desfavorable (una de las razones planteadas por dos ministros federales para oponerse a las pruebas, fue que “la respuesta de la población es ampliamente negativa”).

¿Por qué el VIB recibió esta clase de apoyo político? ¿Cuál es la importancia de esta prueba de campo? ¿Cuál es el objetivo de esta investigación?

Para responder a estas preguntas, primero es necesario explicar que estos álamos han sido manipulados genéticamente para que su madera contenga un 20% menos de lignina y un 17% más de celulosa. Considerando que la lignina es el elemento que une las fibras de celulosa y otorga resistencia a los árboles, tal modificación no parecería tener sentido alguno desde una perspectiva biológica.

Sin embargo, sí tiene mucho sentido desde la perspectiva de las ganancias empresariales. Y de esto se trata esta prueba: de las ganancias futuras. Aparte de la industria biotecnológica en sí – de la cual el VIB es parte – esta prueba apunta a beneficiar a dos actores principales: la industria de la celulosa y el papel, y la industria energética.

Respecto al primer actor, una madera con mayor contenido de celulosa y menor contenido de lignina tendrá como resultado una materia prima más barata, ya que la misma cantidad de madera contendrá un 17% más de celulosa, que es la parte de la madera que se usa para la producción de pulpa. Al mismo tiempo, un 20% menos de lignina significará un proceso de blanqueado más barato, ya que la lignina provoca el color amarillento del papel y cualquier resto de esta sustancia debe ser blanqueado. Así, menos lignina significa menores costos de blanqueado.

El segundo actor – la industria energética – parece verse aún más beneficiado por esta investigación. No fue por casualidad que el VIB recibió 1,6 millones de dólares del proyecto American Global Climate and Energy, manejado por la universidad de Stanford, para continuar con las investigaciones. El principal objetivo de estos árboles es servir como materia prima para el etanol celulósico, el cual se produce a partir de la celulosa contenida en la madera. También en este caso, lo que importa es el contenido de celulosa – cuanto más celulosa, más etanol. Según los medios belgas, estos árboles producirán un 50% más de etanol que los álamos normales.

El VIB y el Consejo Belga de Bioseguridad obviamente prometerán que esta prueba será contenida y que el polen no contaminará los álamos nativos de los alrededores. Y tal vez sea cierto. Sin embargo, es necesario enfatizar que esta prueba no es un simple experimento científico sino un primer paso hacia el objetivo evidente: la plantación comercial – en Bélgica y en cualquier otro lugar – de álamos transgénicos para la producción a gran escala de etanol celulósico y de pulpa para papel. Y eso sería un desastre ecológico.

El álamo es una especie común en todo el mundo y, en especial, en Europa, donde mucha gente lo cultiva con fines comerciales. Los álamos tienen la particularidad de hibridarse fácilmente. Esto significa que el polen de una especie puede fecundar las flores de una especie diferente, generando árboles híbridos que comparten cualidades de ambas especies. Este es un hecho muy conocido y los silvicultores lo han utilizado para producir muchos híbridos cruzando diferentes especies e incluso cruzando álamos europeos con álamos americanos. Si los álamos transgénicos se establecieran en plantaciones comerciales, la contaminación por el polen sería inevitable. La madera de los descendientes de los álamos contaminados contendría mucha menos lignina que las especies naturales originales, que serían entonces fácilmente destruidos por tormentas y propensos al ataque de diversas plagas, precisamente a causa de su bajo nivel de lignina. Como resultado de ello, ecosistemas forestales enteros sufrirían los impactos.

Lo que es peor aún, enormes superficies de tierras productoras de alimentos serían invadidas – en el Norte y en el Sur – por plantaciones a gran escala de álamos transgénicos para alimentar ya sea el negocio del etanol o el negocio de la celulosa y el papel, o ambos.

En resumen, la ministra Ceyssens no plantó un simple árbol. Lo que plantó es una de las mayores amenazas que la biodiversidad forestal haya podido enfrentar, oculta bajo la etiqueta de “innovación y ciencia”. Lo que plantó es un símbolo de la dominación empresarial sobre la naturaleza, y un primer paso hacia el desastre ambiental. Probablemente recibió una salva de aplausos de los funcionarios del VIB y sus socios del sector empresarial. Aplausos bien merecidos por sus esfuerzos, indudablemente.

Sin embargo, el gobierno belga necesita que le recuerden sus compromisos como parte del Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, que en este mismo mes (22 de mayo), conmemora el Día Internacional de la Diversidad Biológica. El tema de este año es nada menos que “Especies Exóticas Invasoras”. Plantar álamos transgénicos es claramente una bofetada tanto para los objetivos del Convenio como para el tema de este año. ¿Qué puede ser más exótico que un álamo transgénico? ¿Qué puede ser más invasor y más efectivo para destruir la diversidad biológica?

* Por más información ver http://www.wrm.org.uy/temas/biotecnologia.html y http://www.wrm.org.uy/temas/AGM/Belgica.html
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COMUNIDADES Y BOSQUES

- Para las comunidades locales de Camboya, el bosque Prey Long “equivale a la vida misma”

Prey Long es el mayor bosque perenne de llanura que se conserva intacto en el sudeste asiático. Cubre una superficie de unos 3.600 kilómetros cuadrados en el norte de Camboya. Su nombre, “Prey Long”, significa “Nuestro bosque” en el idioma del pueblo indígena Kuy, que allí vive. Elefantes, tigres, osos, gaures y bantengs deambulan por el bosque. Allí puede escucharse el grito del gibón de capelo. Cálaos, víboras, jabalíes y tortugas, nutrias, ranas y cocodrilos raros, habitan el lugar. Árboles dipterocarpus sobresalen del dosel del bosque, alcanzando algunos los 45 metros de altura.

Pero Prey Long está amenazado. Los planes propuestos incluyen docenas de minas, plantaciones, represas, líneas eléctricas y caminos. La tala ilegal ya comenzó. Si esos planes avanzan, Prey Long se transformará en una zona industrial. Los medios de vida de unas 700.000 personas, sobre todo indígenas que habitan dentro y en los alrededores del bosque, están en peligro.

Un documental a estrenarse próximamente, “One Forest, One Future” (Un bosque, un futuro), de Ben y Jocelyn Pederick, contiene entrevistas a algunos de los lugareños de Prey Long. “El pueblo Kuy ha sido guardián de su tierra desde el tiempo de nuestros ancestros,” dice Serey Thae. El video muestra cómo la gente utiliza y protege el bosque. “Todos los grandes árboles tienen espíritus que les pertenecen. Nadie corta esos árboles,” dice Srey Long. “Si lo hacen, morirán.”

Los peligros que corre Prey Long corresponden a la tercera fase de la liquidación de tierras, bosques y recursos emprendida por el gobierno. Fase uno: concesiones madereras. En los años 90, el gobierno camboyano entregó vastas extensiones de bosque a empresas madereras. Como resultado, los bosques sufrieron una enorme devastación. Desde 2002 está vigente una moratoria a las concesiones madereras.

Fase dos: concesiones de tierras. Muchas de estas concesiones incluyeron bosques que las empresas talaron. Ejemplo de ello es la plantación de caucho Tumring, al sur de Prey Long. En un informe de 2007, Global Witness documentó la forma en que la plantación fue el motivo de la tala ilegal a gran escala de Prey Long, realizada por la empresa Seng Keang, que está estrechamente vinculada con el gobierno.

Fase tres: concesiones de explotación, uso y desarrollo. Al no estar amparadas por la ley territorial de Camboya, el gobierno puede otorgar a empresas mineras concesiones que a menudo abarcan cientos de kilómetros cuadrados. En algunos casos no existen licencias de exploración o explotación para el área de la concesión. Global Witness descubrió que los millones de dólares recibidos en pago por varias concesiones, simplemente han desaparecido.

De las muchas concesiones mineras otorgadas dentro y en los alrededores de Prey Long, la más grande pertenece a Kenertec, una empresa surcoreana que se describe a sí misma como “líder de la industria energética ecológica del siglo 21”. En 2008, Kenertec asumió el control del 85 por ciento de una mina de hierro situada en el distrito de Rovieng, en el límite norte del bosque Prey Long. La mina había estado controlada por China National Machinery & Equipment Import & Export Corporation (una empresa china de capitales públicos), Pheapimex (una de las empresas más poderosas de Camboya, responsable de talas extremadamente destructivas y de proyectos de plantación que abarcan vastas extensiones de bosques camboyanos) y Rattanak Stone Cambodia Development Company (que es controlada por Pol Saroeun, Comandante en Jefe del Ejército de Camboya). La mina está protegida por soldados empleados por Kenertec.

Kenertec también tiene derechos de exploración sobre ocho lugares en Camboya, que abarcan, según la empresa, una superficie total de 1.520 kilómetros cuadrados. La empresa planea explotar las minas de cobre, plomo, zinc, hierro, manganeso, sílice y piedras preciosas. La concesión se encuentra al norte de Prey Long y se superpone en parte a una extensión importante de bosque.

Kenertec tiene también 60.000 hectáreas de concesiones económicas de tierras que ocupan lo que ellos llaman “tierras de matorrales”. Kenertec se propone plantar árboles de caucho, mandioca y jatrofa. También hay planes de instalar una planta para producción de energía a partir de biomasa. El área concedida es seis veces mayor que lo permitido por la ley territorial de Camboya.

“Nuestra gente está preocupada,” dijo Ru Lark, un aldeano de Stung Treng, a Ben y Jocelyn Pederick, autores del video. “¿Cuántos años le quedan al bosque? ¿Cuánto tiempo más puede sobrevivir Prey Long?” Serey Thae lleva al equipo de filmación al bosque. “Aquí está la evidencia,” dice señalando. “Están cortando árboles que llegan a los 130 cm de diámetro. Y luego los queman. Talaron todos los árboles desde la montaña hasta las planicies.”

El Dr. Andrew McDonald, de la Universidad de Texas, ha estudiado los bosques tropicales del sudeste asiático por 15 años y está extremadamente preocupado por Prey Long. En un artículo publicado el año pasado en el Phnom Penh Post, él observa que sólo hay una publicación científica detallada sobre los bosques tropicales bajos de Camboya. Dicho estudio se concentró en un área boscosa cercana a Sihanoukville, en el sur del país. Hoy en día el bosque ya no está, ha sido reemplazado por un monocultivo de acacias.

Prey Long, la parte más importante que queda de los bosques tropicales de llanura del sudeste asiático, podría enfrentar un destino similar.

En 2008, Global Witness entrevistó a un empleado de Kenertec que habló del potencial de Camboya como oportunidad de inversión. “Veo dinero en todas partes,” dijo. “¡En los árboles, en la tierra, en todas partes!” El contraste con la opinión que los aldeanos tienen del bosque no podría ser más marcado. “Todo lo que necesitamos viene del bosque,” explica En Nam, un aldeano de la provincia de Kampong Thom. “No se puede poner un precio al bosque. El bosque equivale a la vida misma.”

Por Chris Lang, http://chrislang.org
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– Ecuador: los conflictos contra la cría de camarones contribuyen a la emancipación de las mujeres

En Muisne, sobre la costa noroeste de Ecuador, las poblaciones han desarrollado un estilo de vida adaptado al ecosistema del manglar, basado en la pesca y la recolección de moluscos y cangrejos. Sin embargo, sus medios de subsistencia se han visto amenazados desde los años 80, cuando la cría de camarones comenzó a expandirse en la región (Boletín nº 51 del WRM, octubre de 2001).

Hasta la década del 60, los manglares eran considerados como pantanos inútiles y sin valor por el gobierno, que dejaba a las poblaciones locales realizar allí sus actividades tradicionales, como la caza, la pesca y la recolección de plantas silvestres destinadas a la alimentación, la farmacopea y la construcción. Los manglares eran entonces, y son aún, tierras públicas pertenecientes al Estado, manejadas en forma comunitaria a nivel local. En ese contexto, la destrucción de los manglares por parte de la industria camaronera y la privatización de dichos espacios fueron realizadas en forma ilegal. Los camaroneros acapararon las tierras para su propio provecho y el gobierno otorgó a veces concesiones en base a informes falsos (Boletín nº 14 del WRM, agosto de 1998; nº 21, marzo-junio de 1991; nº 36, julio de 2000).

Como consecuencia, a partir de 1989 las poblaciones se organizaron contra la destrucción y la privatización de los manglares y reclamaron el reconocimiento de sus derechos históricos de uso de dicho ecosistema. En Muisne se constituyó un primer grupo que, en 1991, se convirtió en la Fundación de Defensa Ecológica (FUNDECOL). Más adelante, el conflicto se extendió a todo el cantón y se transformó en un movimiento social mantenido por las comunidades de los manglares y, en particular, por las concheras, mujeres que recolectan la concha y demás moluscos del manglar.

El movimiento se amplió gracias a la creación de “grupos de usuarios” en las diversas aldeas del cantón. Esos grupos comenzaron a denunciar la tala ilegal de los manglares ante FUNDECOL, que transmitía luego las denuncias a la administración. Así se constituyó una red de vigilancia eficaz, que en 20 años llegó a presentar un millar de denuncias y logró en 2003 un éxito importante: la creación de una reserva de manglares de 5.000 ha administrada por FUNDECOL y los grupos de usuarios. Lamentablemente, ya se había perdido entre el 60% y el 90% de la cubierta del manglar. Sin embargo, FUNDECOL y los grupos de usuarios ya habían emprendido la reforestación, así como otras actividades destinadas a promover el renacimiento de la cultura local: concursos de cocina a base de productos del manglar, pinturas murales que explicaban la lucha, creación de grupos de música y poesía, cursos de alfabetización, etc.

Varios integrantes compusieron canciones, como Tania Bone Cagua, habitante de la aldea de Bolívar donde se formó un grupo de concheras decididas a luchar para proteger sus medios de vida y su entorno. Esas mujeres alimentan a sus familias y ganan algo de dinero recogiendo moluscos, principalmente concha. Tania aprendió a leer y escribir gracias a los cursos de alfabetización de FUNDECOL; la capacidad de expresarse por escrito y de animarse a tomar la palabra en público figura entre las principales aptitudes que adquirió gracias a la lucha, por lo cual se siente muy agradecida. Escribió varias canciones militantes, de las que adjuntamos tres - “Tristeza del manglar”, “Conchera soy”, y “Benditos camaroneros”.

Las mujeres de Bolívar explican que debieron enfrentarse simultáneamente a dos problemas: la cría de camarones y la dominación masculina. En efecto, durante la movilización que surgió para proteger los manglares, las mujeres de la aldea estuvieron más activas que los hombres. Comenzaron a emprender acciones en la esfera pública, generalmente reservadas para los hombres, como dejar su casa y sus tareas habituales para asistir a las manifestaciones, reuniones, actividades de reforestación, o recorrer muchos kilómetros para denunciar ante las autoridades los desmontes ilegales de manglares que realizaban los productores de camarones. Este fenómeno hizo que surgieran numerosos casos de violencia doméstica, pues los maridos solían oponerse a dichas actividades. Sin embargo, el grupo y los objetivos de la lucha dieron a las mujeres el apoyo necesario para cuestionar y renegociar a su favor las relaciones de poder. Ahora son ellas las que “saben”, las que conocen el ecosistema del manglar, las que lucharon con éxito para protegerlo. Esto les confiere una considerable autonomía material y simbólica.

Citamos a continuación algunos extractos de las tres canciones de Tania Bone Cagua que están disponibles en Internet en http://www.wrm.org.uy/paises/Ecuador/Canciones.html.

Tristeza del manglar

Qué triste ha sido vivir sin los manglar
que los camaroneros los quisieron talar
Y ahora nos queda a todas las concheras
luchar, luchar y volver a reforestar

Conchera soy habla del estatus desvalorizado de las concheras, pues la recolección de mariscos es un trabajo de mujeres pobres.

¿Y entonces qué quieren, qué quieren que haga?
¿Que me ponga alegre como en día de fiesta
mientras los manglares se están terminando?
¿Quieren que me ría?
¿que la risa me ensanche la cara como tonta?
Si hasta los gobiernos negociaron los manglares.
Conchera soy y no me compadezcan.

Benditos camaroneros

En el mundo lo más bello que me ha podío suceder
mirar grupo’ de mujeres luchando por los manglar
y dicen que son machistas pero miren que no es cierto
defendemo’ el ecosistema porque en él hayamo’ especies
en él hayamos la concha sustento para vivir
también hayamos cangrejos, tasquero y churo piacuil

A pesar de que los pobladores del manglar han luchado durante todos estos años, en el otoño de 2008 el gobierno de Correa legalizó la privatización ilegal de los manglares practicada por los productores de camarones ratificando sus derechos por medio de un acto jurídico. Dos gobiernos anteriores habían ya intentado legalizar la industria camaronera en Ecuador, pero el movimiento social organizado por las asociaciones de defensa de los manglares había frenado el proceso. Este otoño, FUNDECOL y los grupos de usuarios también organizaron grandes manifestaciones en varias ciudades, incluso en Quito, para protestar contra esa ley que socava para siempre sus posibilidades de reivindicar los manglares. Sin embargo, el gobierno no tiene intención alguna de cambiar su decisión ni de permitir a los pobladores locales administrar colectivamente las zonas de manglares. Así, la política del gobierno de Correa se inscribe en la línea convencional de la economía de exportación, basada en el saqueo de los recursos naturales, sin ocuparse de la utilización sostenible de dichos recursos ni en la promoción de la seguridad y la soberanía alimentarias, puesto que el 95% de la producción de camarones se destina a la exportación. Son los países occidentales quienes se benefician con este alimento de lujo, mientras que los impactos ecológicos y sociales quedan localizados en el país productor y son asumidos principalmente por la población pobre. En el mismo sentido, el gobierno actual promueve también las plantaciones industriales de árboles y los grandes proyectos mineros a tajo abierto, contra la voluntad popular representada sobre todo por la Asamblea Nacional Ambiental (ANA).

Sandra Veuthey, correo electrónico: Sandra.Veuthey@campus.uab.es. Artículo basado en observaciones de campo realizadas por la autora.
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– Gabón: Marc ONA ESSANGUI, Premio Ambiental Goldman 2009

Marc ONA ESSANGUI recibió el lunes 20 de abril de 2009, en San Francisco (Estados Unidos), el Premio Ambiental Goldman, una prestigiosa distinción internacional que premia a quienes corren riesgos importantes para proteger el medio ambiente y a las comunidades de sus países.

Miembro fundador y Secretario Ejecutivo de Brainforest, una organización no gubernamental ecologista de primer nivel fundada en Gabón en 1998, Marc ONA fue uno de los seis galardonados de este premio que, cada año, honra a los defensores del medio ambiente originarios del mundo entero. En el caso de Marc ONA, el Premio Goldman 2009 recompensa principalmente sus acciones para proteger y preservar el Parque Nacional del Ivindo, ubicado en el noreste de Gabón, contra el controvertido proyecto de explotación de los yacimientos de hierro de Belinga, el cual pone en tela de juicio los compromisos del país en materia de protección del medio ambiente.

El Parque Nacional del Ivindo está situado en el bosque tropical de la cuenca del Congo, segundo en importancia después de la selva amazónica. Con el apoyo de otros miembros de la sociedad civil gabonesa, Marc Ona llevó adelante una intensa campaña para informar, tanto a los ciudadanos del país como a la comunidad internacional, sobre las consecuencias sociales y ambientales que dicho proyecto podría engendrar, y para exigir al gobierno que realizara todos los estudios de impacto social y ambiental necesarios.

Marc Ona está también a la cabeza de los esfuerzos que se realizan para que la sociedad civil tome conciencia de la necesidad de una gestión transparente y responsable de los ingresos provenientes del sector minero. Es Coordinador Nacional de la coalición “Publique lo que Usted Paga” (PWYP-Gabón), que ha luchado por una mayor transparencia en las negociaciones del gobierno con un consorcio minero chino sobre el yacimiento de hierro de Belinga.

En lo que respecta a la construcción de una represa hidroeléctrica asociada al proyecto de Belinga, “hemos pensado que, entre las razones para proteger el parque del Ivindo, figuran también los saltos de Kongou (en el Noreste), que forman parte del patrimonio nacional”, dijo Marc Ona a la Agencia Panafricana de Prensa. Sobre esto, Brainforest lanzó una petición internacional, principalmente a través de su sitio Internet, para salvar las más bellas cascadas de África Central.

Entre las numerosas batallas libradas por el infatigable Secretario Ejecutivo de Brainforest debemos también mencionar su feroz oposición a la construcción de un aeropuerto al norte de Libreville, en el bosque Mondah, declarado de interés nacional. En efecto, bajo la dirección de Marc Ona, la Plataforma Ambiental de Gabón, que agrupa una veintena de ONG ecologistas, se movilizó para denunciar las consecuencias ecológicas que acarrearía la realización de un proyecto que pone en peligro el parque ornitológico de Akanda, verdadera zona de descanso de las aves migratorias.

En el mismo sentido, podemos también citar la movilización de las ONG gabonesas, con Brainforest a la cabeza, para censurar con dureza el comportamiento del grupo francés AREVA con respecto a la no rehabilitación de los sitios utilizados por COMUF, una compañía que explotaba las minas de uranio del sur de Gabón y que ahora está siendo acusada por las poblaciones de la zona de múltiples casos de contaminación y de problemas de salud.

Marc Ona es miembro activo del comité mixto (“Grupo de Interés”) que se encarga de la implementación en Gabón de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE). La ITIE es un emprendimiento internacional que promueve una mayor transparencia de los sectores minero, gasero y petrolero y que implica la cooperación y el diálogo entre los gobiernos, las empresas y la sociedad civil. Gabón se sumó a dicha iniciativa en 2004.

Por la ONG Brainforest: Gualbert Phal MEZUI NDONG, Responsable de Comunicaciones y Relaciones Exteriores, y Protet Judicaël ESSONO ONDO, Coordinador de Programas.
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- Perú: pueblos amazónicos, bastiones de resistencia

Desde el 9 de abril pasado, las comunidades amazónicas del Perú iniciaron lo que califican de “paro indefinido” en toda la Amazonía peruana, como respuesta al incumplimiento del Congreso de la República de revisar los seis decretos considerados lesivos a los pueblos indígenas. Se trata de los decretos emitidos por el Ejecutivo en el marco de la implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y que suponen la imposición de industrias destructivas en la Amazonía y sus habitantes, como la minería, la explotación petrolera y la forestación.

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) consideró que los decretos atentan contra los derechos de los pueblos indígenas amazónicos, mientras que el propio Congreso de la República aprobó el Informe de una Comisión Especial que propone la derogatoria de algunos de ellos.

La gravedad de la amenaza que supone poner la Amazonía “en venta” queda reflejada en uno de los ejemplos que cita el experto Roger Rumrrill: “El lote petrolero Nro. 76, de un millón 500 mil hectáreas, instalará 18 líneas sísmicas, construirá 166 helipuertos, abrirá 1944 zonas de descarga y levantará 166 campamentos. Ese lote se traga totalmente a la Reserva Comunal Amarakaire y operará en las áreas de amortiguamiento de los Parques Nacionales del Manu, Bahuaja-Sonene y en la Reserva Tambopata-Candamo. Es decir, afectará severamente una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta.” A pesar de las protestas, el presidente Alan García autorizó la inversión de 2 mil millones de dólares en actividades petroleras por parte de la empresa Perenco en el Lote 67, ubicado en Loreto.

La protesta amazónica se inició en julio del año pasado (ver Boletín Nº 132 del WRM), aunque posteriormente fue suspendida porque el Congreso de la República se comprometió a atender el reclamo. No obstante, como declararon dirigentes de AIDESEP, “lejos de cumplir la promesa, el poder legislativo emitió la Ley 29317 que modifica e incorpora diversos artículos al decreto 1090, conocido como Ley Forestal y de Fauna Silvestre”. Y fue así que se reiniciaron las movilizaciones.

En comunicación directa, la organización Grufides nos informa que “los conflictos socioambientales han ido creciendo en el país. En Cajamarca, la minería es fuente de innumerables conflictos que se han ido tornando cada vez más violentos debido a la impunidad en que quedan las conductas de quienes ejercen el poder. Cientos de campesinos pueden ser afectados en sus aguas como ocurre con los campesinos del canal Quilish en Porcón – además de ser denunciados y penalizados-, mientras que la empresa minera responsable de la afectación queda en total impunidad. En Choropampa, San Juan y Magdalena, miles de campesinos fueron contaminados con mercurio y hasta hoy claman por soluciones a su salud que no llegan ni de parte del Estado ni de la empresa que causó el gravísimo accidente. En la provincia de San Marcos, dos profesores un consejero regional y siete campesinos podrían ir en los próximos días a la cárcel por haber protestado contra una empresa minera brasilera que incluso contrató a delincuentes para amenazar a los líderes ronderos (campesinos organizados) Las leyes amenazan a los campesinos que defienden sus derechos, mientras que los responsables de las empresas quedan en total impunidad y son apoyados por las autoridades de todos los niveles de gobierno. En estas últimas semanas se viene desarrollando la mayor huelga amazónica de la historia del Perú”.

Según informaciones de Servindi, “indígenas kichuas y arabela bloquearon el paso de embarcaciones por los ríos Napo y Curaray en protesta al incumplimiento del acta firmada con autoridades y la empresa petrolera Repsol”. (6) También AIDESEP ha estado informando de las diversas movilizaciones de cientos de indígenas, campesinos y miembros de la sociedad civil que marcharon de diferentes partes de la región: de las cuencas de los ríos Santiago, Cenepa y Santa María de Nieva, marcharon para protestar contra las mineras y petroleras que pretenden hacerse de sus territorios. El kilómetro 46 de la carretera que une Yurimaguas con Tarapoto fue bloqueado con troncos y piedras. Los pobladores de las comunidades nativas de la región San Martín bloquearon el kilómetro 5 de la carretera Fernando Belaunde Terry, en el sector Maronilla. En el Alto Amazonas, siete mil campesinos e indígenas de las etnias Shawi, Cocama, Cocamilla tomaron el puerto “El Vado” de Yurimaguas, bloqueando el comercio, el transporte terrestre y fluvial. En Bagua, la carretera que une con el distrito de Santa María de Nieva fue bloqueada por medio centenar de autos. Los nativos de la etnia Asháninka tomaron el aeropuerto de Atalaya, en Ucayali. Los pueblos indígenas Machiguengas del Bajo y Alto Urubamba agrupados en COMARU bloquearon el paso de tránsito vehicular y el paso fluvial al Bajo Urubamba. La sede de la sub región de Santa Clotilde, capital distrital del Napo, fue tomada por los indígenas Kichuas y Arabelas, con el respaldo de varios barrios y la población de Santa Clotilde, ubicada en el medio Napo. Este río también fue cerrado en las partes alta y baja, dificultando aun más el tránsito de las embarcaciones fluviales que hace la ruta Iquitos y la frontera con Ecuador. Centenares de indígenas Awajún y Wampis marcharon hacia la Estación N° 5 y 6 de Petroperú - que forma parte del Oleoducto Nor Peruano- apostándose allí. En la Plaza de Armas de Jaén, la población de la ciudad de Baguá inició su vigilia de protesta contra la política gubernamental de García. Los pueblos Kichwas del Alto Putumayo, frontera con Colombia, también se plegaron al paro amazónico, y las comunidades andinas iniciaron jornadas de protesta en respaldo de los hermanos amazónicos. (7) Según información proporcionada por Thomas Quirynen, colaborador en el Sur para Catapa, tres estaciones petroleras (las nos. 5, 6 y 7) fueron ocupadas por los manifestantes como resultado directo de la radicalización del paro; debido a esta medida se suspendió el bombeo de petróleo crudo (ver artículo completo en inglés, y fotos en http://www.wrm.org.uy/countries/Peru/strike.html)

No obstante, los reclamos de los pueblos amazónicos han sido ignorados por el gobierno y la mayoría de los medios de comunicación no informan de lo que realmente está ocurriendo. Desde el 9 de mayo el gobierno dispuso el estado de emergencia en casi todo el territorio amazónico, lo que abre la puerta a vulneraciones de derechos humanos de l@s ciudadan@s amazónic@s que están luchando por defender su vida de la amenaza del avance descontrolado de las empresas petroleras, mineras, gasíferas y forestales.

El 10 de mayo, el presidente Alan García, ordenó la represión de los nativos Awajun y Wampis que protestaban en el puente de Corral Quemado en Bagua Grande, en Amazonas, quienes fueron desalojados a fuerza de bombas lacrimógenas, golpes y balas. El saldo fue de diez heridos, tres de gravedad, siete detenidos y varios desaparecidos. La Marina de Guerra arremetió además contra las frágiles canoas de los nativos que habían puesto un cable sobre el río para impedir que embarcaciones petroleras navegaran por él. Se clausuraron pequeñas emisoras de radio de la región amazónica.

Organizaciones indígenas, campesinas y agrarias de todo el país anunciaron que radicalizarían las medidas “hasta lograr la derogatoria de los Decretos Legislativos 994, 1064, 1020, 1080, 1081, 1083, 1089, 1060, 995 y la Ley de Recursos Hídricos”. “Pese a que estas normas han sido declaradas inconstitucionales tanto por el Tribunal Constitucional (TC) como por la propia Comisión Multipartidaria del Congreso, no existe la voluntad política de derogarlos”, declararon organizaciones indígenas participantes del Encuentro Nacional Andino Amazónico, preparatorio para la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, a celebrarse este mes en Puno (8). Convocaron a las comunidades indígenas de todo el país a acatar el “Levantamiento Nacional” a realizarse a partir del 7 de julio como medida de protesta.

El testimonio de otro amigo peruano, cuya identidad preservamos, refleja lo que están viviendo: “Soy dirigente en esta huelga y me han amenazado de muerte. No importa eso, si he de perder la vida por mis hermanos, mis hijos y el mundo, en buena hora. Nosotros necesitamos que el mundo conozca de nuestras luchas. Dennos la mano para poder salvar el planeta. No tenemos apoyo de nadie en el aspecto económico, hacemos lo que podemos. Nuestros hermanos Shawis, Aguarunas y Wambiasas, no desmayaremos; si es posible sacrificaremos nuestras vidas por defender nuestras tierras y nuestros bosques. Sean pues, amigos, nuestras voces para el mundo. Mil gracias en nombre de nuestra madre naturaleza”.

(1) “Perú: FIDH insta derogar DL que atentan contra la Amazonía”, Servindi, http://www.servindi.org/actualidad/11439
(2) “Perú: Congreso aprueba Informe que deroga decretos legislativos”, Servindi, http://www.servindi.org/actualidad/11357
(3) “Perú: Estado de emergencia contra los pueblos indígenas amazónicos”, Servindi, http://www.servindi.org/actualidad/opinion/11436
(4) “Perú: García autorizó inversión de Perenco por $2 mil millones en Loreto”, Servindi, http://www.servindi.org/actualidad/11155
(5) “Perú: AIDESEP y Ejecutivo crean Mesa de Diálogo para atender demandas de indígenas amazónicos”, Servindi, http://www.servindi.org/actualidad/10713
(6) Information from AIDESEP, http://www.aidesep.org.pe
(7) “Perú: Amazónicos inician paro indefinido por incumplimiento del Congreso”, Servindi, http://www.servindi.org/actualidad/10257
(8) “Perú: Andinos y amazónicos acuerdan radicalizar protesta”, Servindi, http://www.servindi.org/actualidad/11414

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- Fuerte protesta contra los planes del WWF de certificar la acuicultura industrial insostenible

El rápido crecimiento de la demanda mundial de camarón barato y salmón cultivado ha causado una considerable degradación de los bosques de mangle y otros ecosistemas costeros y la consiguiente pérdida de biodiversidad. Esta pérdida también destruyó los medios de vida de las comunidades locales y los pueblos indígenas de numerosas naciones del Sur global.

Sin cambiar el modelo de producción-comercialización-consumo, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) planea crear un órgano de certificación para la producción industrial de camarones y salmón, la cual sólo serviría para “maquillar de verde” a la acuicultura industrial insostenible.

Más de 70 grupos ambientalistas y de derechos humanos de todo el mundo han expresado su indignación ante el planeado lanzamiento del Consejo de Administración de la Acuicultura del Fondo Mundial para la Naturaleza, en una carta enviada hoy a los principales miembros del WWF, la cual se reproduce a continuación:

“Carta al WWF de 70 Redes de ONG Internacionales, Organizaciones e Individuos que se Oponen a la Formación del Consejo de Administración de la Acuicultura”

Los abajo firmantes, miembros de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y personas del mundo entero, estamos profundamente preocupados ante las intenciones del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) de formar el Consejo de Administración de la Acuicultura (ASC por su nombre en inglés). La fuerte oposición a esta iniciativa que se suma a muchas otras iniciativas recientes de certificación, se basa en años de experiencia de trabajo colectivo para contrarrestar los efectos negativos de la acuicultura industrial de camarones, salmones y otras especies marinas de peces carnívoros. Vemos el ASC como otro intento de una gran ONG internacional de formular un plan mal concebido para remediar los problemas de la acuicultura industrial insostenible. Las soluciones viciadas de este tipo no dan participación a las comunidades locales ni a los movimientos de organizaciones de base en el proceso de definir los pasos a seguir, excluyendo así a las personas más afectadas por las actuales agresiones de estas industrias a la salud de los océanos y la integridad costera.

Los actuales intentos del WWF y otros pretendidos certificadores no cuentan con el apoyo de las comunidades locales y los pueblos indígenas, la red global de ONGs, académicos y ciudadanos que aún reclaman una moratoria a la expansión de estas industrias socialmente negativas y ambientalmente destructoras.
Luego de examinar a fondo el mecanismo propuesto para fijar normas mundiales para la acuicultura industrial, nosotros, las ONG y los representantes de redes de ONGs regionales y organizaciones de Asia, América Latina, África, Europa y América del Norte, debemos mantener una postura firme contra estos sistemas de certificación. Creemos que estos intentos de certificación están orientados por la industria y los inversores, y no permiten que la opinión de la mayoría de los grupos afectados – comunidades locales y pueblos indígenas – influya efectivamente en este llamado proceso de “diálogo” y establecimiento de normas.
Las normas propuestas que definirán al Consejo de Administración de la Acuicultura parecen estar basadas principalmente en la defensa de sistemas insostenibles de producción acuícola abierta, ya sea de camarones, de salmones o de otras especies de peces, y no en sistemas más sostenibles de producción cerrada. Esto indica que el proceso del ASC sigue una dirección inapropiada y ambientalmente peligrosa.

Exigimos al WWF que suspenda su proyecto de formar el ASC y que inicie de inmediato diálogos reales y significativos con las comunidades afectadas y no sólo con la industria y un puñado de ONGs y de académicos. Sigue vigente la necesidad de establecer normas sociales estrictas, basadas en los derechos, y no sólo de realizar ajustes técnicos y ambientales iniciados en las granjas acuícolas. Aún falta el componente vital del diálogo con las comunidades locales y los pueblos indígenas, y sus voces siguen sin ser escuchadas en los círculos cerrados que ahora intenta formar el ASC. Los abajo firmantes nos unimos para declarar nuestra fuerte oposición al proceso del ASC.

(Ver la carta con firmas y comunicado de prensa, en inglés, en http://www.wrm.org.uy/deforestation/mangroves/aquaculturecertification.pdf )
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COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES

- Australia: movimiento ambiental barre bajo la alfombra preocupación por plantaciones

Australia, como todos los países colonialistas, se fundó sobre el robo de la tierra a sus pueblos indígenas. Sin embargo en Australia las autoridades fueron más allá del robo cuando declararon al continente como “Terra Nullius”, es decir, tierra vacía o tierra que no pertenece a nadie. La Terra Nullius no garantizó ningún derecho legal para los pueblos indígenas ya que, ¿cómo podrían tener derechos si legalmente no existen?
En las regiones del sur de Australia eso significó que los sobrevivientes indígenas de las masacres y enfermedades fueran llevados en redadas a centros misioneros y “eliminados de la vista de la mayoría de la gente blanca”. Una vez que los europeos lograron desarticular a la población indígena, se mudaron e intentaron “europeizar” la tierra, en gran medida con resultados desastrosos.
Se deforestó en gran escala, con fines tanto de expansión agrícola como de explotación maderera. Existe una descripción indígena de la carnicería ambiental que la iguala a “una plaga de langostas que desciende sobre la tierra, devorando todo lo que tiene a la vista”.
A fines de la década de 1960 y principios de la de 1970, las operaciones de chipeo de madera para exportación aumentaron el ritmo de destrucción de los bosques nativos. El 40 o 50 por ciento de la madera de bosque nativo producida en Australia se exportaba a Japón como chips. En la década de 1990 esa cifra se había incrementado a 80%.
También en la década de 1960, los esfuerzos por financiar la expansión de las plantaciones de Australia provocaron la destrucción de grandes extensiones de bosque nativo. Los conservacionistas se opusieron a ese establecimiento de plantaciones así como a la tala de grandes partes del bosque nativo. Esencialmente, el movimiento conservacionista de Australia estaba dominado por grupos que querían proteger la biodiversidad natural de los bosques del país.

No obstante, en 1989, el Instituto de Tecnología Royal Melbourne publicó un documento titulado “No Need for Conflict” (No es necesario el conflicto). El documento fue redactado por Judy Clark (economista y ex burócrata del gobierno) y Margaret Blakers (activista en defensa de los bosques). El documento comenzó promoviendo la opinión de que con plantaciones era posible que Australia dejara de talar los bosques nativos y todas las necesidades de madera aserrada del país se cubrirían a partir de las plantaciones de madera blanda (pinos), en tanto las necesidades de celulosa lo harían de las plantaciones de madera blanda y madera dura (eucaliptos). Las plantaciones establecidas en la década de 1960 estaban prontas para ser cortadas, lo que significaba que se disponía de un gran volumen de madera de plantaciones.

El primer grupo en adherir públicamente a esta posición fue The Wilderness Society, en 1991, quien alentó a los consumidores de madera a ser “éticos” comprando solamente madera de plantaciones. En julio de 1995, los Consejos Estatales y de Conservación Territorial de Australia encomendaron la realización del informe “Australia’s Plantations” (Las plantaciones de Australia), por Judy Clark. Este informe recabó información de todo el país, nuevamente con el propósito de acelerar la transición del corte de bosques nativos a plantaciones. En 1996, la Fundación de Conservación Australiana también adhirió a una política de madereo de “bosques no nativos”. El partido político Verde también fue activo en el apoyo a las plantaciones.
Los grupos pro-plantaciones no hicieron casi mención alguna a los problemas obvios de las plantaciones, tales como el uso de plaguicidas y el consumo de agua o (¡horror!) los derechos territoriales indígenas. Previamente, los grupos ambientales habían sido críticos de la silvicultura industrial en todas sus formas y disfraces. Las críticas a las plantaciones desde mediados de la década de 1990 vendrían ahora solamente de una pequeña minoría del movimiento ecologista y de las comunidades impactadas por las plantaciones.
En 1996, ONGs ambientalistas como Amigos de la Tierra, que cuestionaban la sustentabilidad de las plantaciones, comenzaron a sufrir crecientes presiones para apoyar la posición del madereo de “bosques no nativos” y se produjo una división en el movimiento en defensa del bosque: quienes eran críticos de las plantaciones quedaron relegados o fueron ignorados completamente. Amigos de la Tierra no iba a apoyar una política de plantaciones porque años atrás, activistas del grupo habían sido envenenados en Tasmania con filtraciones de Atrazina de una plantación de eucaliptos en Lorinna. ¿Cómo Amigos de la Tierra iba a estar de acuerdo con una política de plantaciones que envenenó las existencias locales de agua?

Dentro de las críticas al madereo de bosques nativos caía todo tipo de actividad y con cualquier fin: la forestación para restauración, el “eco madereo”, la utilización de leña, etc, etc; todo fue tratado con desconfianza. Esencialmente, entonces, en 1996 la mayoría del movimiento ambiental australiano había sido captado voluntariamente por la ideología de “no madereo del bosque nativo, sólo de plantaciones”.
En 1997, el Gobierno estatal y federal anunció el plan Visión 2020, que básicamente significaría una triplicación de las plantaciones de Australia para el año 2020. De un millón de hectáreas a tres millones de hectáreas. Las críticas del plan Visión (una de las mayores apropiaciones de tierra por empresas en Australia) casi ni existió para las ONG ambientalistas. ¿Cómo podría un movimiento que prácticamente le daba su apoyo total a las plantaciones, criticar un plan que triplicaría su tamaño? ¡Qué ganga para las compañías forestales!
De igual manera, con los planes para acelerar el ritmo de avance de las plantaciones a escala internacional, ¿cómo podrían las ONG ambientalistas australianas criticar la expansión de las plantaciones en otros países si las apoyaban en su propio país? En 2002, el Consejo de Manejo Forestal (FSC) entró en Australia, pero la recién creada Cámara Ambiental no estuvo de acuerdo con la certificación de los bosques nativos y desde esa época la certificación sólo ha tenido lugar en plantaciones y conforme a normas provisorias.
En resumen, el impulso a las plantaciones en Australia por parte de ONGs ambientalistas ha sido el resultado de una destrucción generalizada de los bosques nativos y de los intentos desesperados por salvar lo que queda de ellos. Sin embargo, en su afán por promover las plantaciones, el movimiento ambiental “barrió bajo la alfombra” varios aspectos ecológicos y sociales claves vinculados a las plantaciones. Esto dejó la lucha contra las plantaciones en Australia en manos de comunidades sin financiamiento y unos pocos ambientalistas dispersos, entre los que me incluyo.
Por Anthony Amis, Amigos de la Tierra Melbourne, correo electrónico: anthonyamis@hotmail.com
Por más información, visitar:
www.hancock.forests.org.au
http://www.baddevelopers.green.net.au/Docs/bluegumswesternvic.htm
http://www.baddevelopers.green.net.au/Docs/talltreespot.htm
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- Camboya: Indígenas se enfrentan a un imperio del caucho