Las deudas se pagan, las estafas no

Ecuador: Las deudas se pagan, las estafas no

Eduardo Tamayo G.

ALAI AMLATINA, 20/11/2008, Quito.- El presidente Rafael Correa anunció
que “buscaremos no pagar la deuda ilegítima, la deuda corrupta e
ilegal”, luego de recibir el informe final de la Comisión para la
Auditoria Integral del Crédito Público (CAIC) integrada por miembros de
la sociedad civil y funcionarios de gobierno. (1)

El presidente Correa también anunció, ante una nutrida concurrencia, que
corresponde a la función judicial sancionar a los culpables del
endeudamiento externo, cuyo “peso debe ser trasladado por partes iguales
a los responsables de adquirirla con títulos espúreos, con malas artes,
con chantajes y traición y cada cual tiene que pagar con sus bienes lo
que corresponda”. Agregó que “los prestamistas no son menos culpables,
los que indujeron compulsivamente, los que amarraron, colmaron y
presionaron a como diera lugar para colocar sus empréstitos y hacerse de
jugosas comisiones”.

La realización de esta auditoría de la deuda promovida por el gobierno
ecuatoriano y con la participación de economistas, abogados y
representantes de organizaciones sociales tanto del Ecuador como del
exterior es un hecho inédito en América Latina y quizá en el mundo,
destacó el economista Franklin Canelos, vicepresidente de la Comisión.

La CAIC, durante más de un año, auditó los procesos de endeudamiento del
Ecuador desde 1976 a 2006, trabajo que incluyó la deuda comercial
contraída con la banca privada internacional; la deuda multilateral
concedida por los organismos financieros internacionales; la deuda
bilateral (principalmente con España, Brasil y aquellos que conforman el
Club de París); deuda interna, y los créditos concedidos a la Comisión
de Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas para el proyecto
Multipropósito Jaime Roldós Aguilera.

El informe final de 172 páginas constituye un profundo análisis técnico
y jurídico que muestra uno de los rostros más siniestros de tres décadas
de políticas neoliberales. La deuda externa del Ecuador se incrementó de
240 millones en 1970 a 17.400 millones en el 2007, sin embargo este
endeudamiento en lugar de contribuir a superar la pobreza, la inequidad
y el atraso, “ha sido una herramienta de saqueo de los recursos y de
sumisión a políticas impuestas por organismos multilaterales, a pretexto
de gestionar cuestiones relacionadas con la consecución de créditos”,
señala el informe de la CAIC.

El trabajo de la CAIC no estuvo exento de dificultades pues varios
organismos del Estado así como el Alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y
otros se negaron a proporcionar las informaciones solicitadas. El
abogado argentino Alejandro Olmos, miembro de la Comisión, indicó que
luego de revisar los archivos del Banco Central del Ecuador he
encontrado que el país “no tenía registrada debidamente su deuda, no
había control, no había seguimiento y en muchos casos se ha pagado 2 y 3
veces la misma obligación”.

En el trabajo de la Comisión se demuestra la ilegalidad, y por lo tanto
la ilegitimidad del proceso de endeudamiento. Se señala el carácter
“odioso” de la deuda externa, pues fue contraída por una dictadura
militar (1972-1979). Desde 1976 a 1982 se otorgaron créditos a Ecuador
por 3.424 millones de dólares, de los cuales 984 se destinaron al
presupuesto de Defensa. La Junta Nacional de Defensa, que fue la mayor
beneficiaria, se negó a proporcionar a la Comisión los datos de los
créditos recibidos y el destino de los mismos.

La deuda externa del Ecuador ha sido objeto de sucesivos procesos de
renegociación fraudulentos en los que los sucesivos gobiernos aceptaban
condiciones inaceptables de los acreedores, como contraer nuevas deudas
para pagar antiguas deudas, castigos de mora, altas tasas de interés,
anatocismo (pago de interés sobre interés) revalorizar títulos de deuda
que valían poco en el mercado, según plantea el miembro de la CAIC, Hugo
Arias. Los convenios fueron redactados por los propios alrededores e
incluían cláusulas abusivas como renunciar a la soberanía nacional y
aceptar las disputas en tribunales internacionales, establecer la
primacía de los convenios sobre la legislación y la Constitución
ecuatorianas, etc.

Estas condiciones fueron aceptadas en el Plan Brady para Ecuador (1993),
apoyado por el FMI, en el Plan Adam (Pacto para el canje de Brady a
Global establecido en 1999) y en el canje de los bonos Brady y de los
Eurobonos a bonos Global (2000). En este último caso, el prejuicio para
el Ecuador fue enorme. Los bonos canjeables (Brady y Eurobonos) que
sumaban 6.298 millones de dólares se cotizaban en el mercado en el 30%
(1.575 millones), sin embargo se canjearon por los bonos Global 2012 y
2030 por un monto de 3.950 millones de dólares, con tasas del 12 y el 10
por ciento. Hasta agosto de 2008, el Ecuador ha pagado ya, por concepto
de intereses de estos Bonos Global, 2.450 millones de dólares. Las
generaciones futuras, si no se declara ahora el no pago de esta deuda
ilegítima, deberán cancelar el capital en el 2012 y en el 2030.

La Comisión también encontró que varios gobiernos ecuatorianos cedieron
a las exigencias de los acreedores privados y fueron cómplices de
irregularidades y abusos contra la economía del país. Por ejemplo, a
principios de la década de los noventa, el Ecuador tuvo la oportunidad
de acogerse al derecho de prescripción de la deuda comercial previsto
por la legislación de Estados Unidos y Londres para los casos de mora
por más de seis años consecutivos. Esto hubiese permitido ahorrar al
Ecuador cerca de 6992 millones de dólares de deuda comercial. Sin
embargo, el 9 de diciembre de 1992, las partes ecuatorianas,
representadas por Mario Ribadeneira, ministro de Finanzas, Ana Lucía
Armijos, Gerente General del Banco Central, y Miriam Mantilla, Cónsul
del Ecuador en Nueva York, firmaron en esta última ciudad, un acuerdo de
renuncia unilateral a la prescripción de la deuda externa. Este convenio
de Garantía de Derechos (Tolling Agreement) fue legalizado el mismo día
por un decreto firmado por el ex Presidente del Ecuador, Sixto Durán
Ballén, y el Ministro de Finanzas encargado, Sebastián Pérez Arteta.
Cabe indicar que por éste y otros “méritos” la economista Ana Lucía
Armijos terminó como funcionaria del FMI.

Otras líneas merece la deuda con los organismos multilaterales. En el
período 1976-2006, Ecuador contrajo 286 créditos con el Fondo Monetario
Internacional (FMI), el Banco Mundial, Banco Interamericano de
Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, Fondo Latinoamericano de
Reservas y Fondo Internacional para el Desarrollo Agropecuario, por un
monto de US $ 12.500, 3 millones de dólares, lo que representa el 42% de
la deuda externa pública contratada en el citado lapso. Estos créditos
destinados en el papel a “proyectos de desarrollo” vinieron acompañados
de condicionalidades que dieron lugar al “debilitamiento del Estado y su
capacidad de planificación, ajustes estructurales, procesos de
desregulación y traslado de competencias al sector privado,
perjudiciales a los intereses de la nación, y siguiendo a una matriz
impuesta a los países del Sur. Esto generó inestabilidad política y
continuos enfrentamientos de gobiernos con sectores sociales”, señala la
Comisión.

Un ejemplo que ilustra el carácter ilegítimo y fraudulento de la deuda
multilateral es un préstamo de 14 millones de dólares otorgado por el
Banco Mundial para “desarrollo minero y control ambiental” denominado
PRODEMINCA. Con este préstamo se reformó la legislación para hacerla
“atractiva” a la inversión privada y se hizo un levantamiento de
información geoquímica para ubicar donde se encontraban los yacimientos
mineros con el objetivo de que sean entregados, mediante concesiones, a
las transnacionales. De Ripley: el pueblo ecuatoriano, mediante deuda
pública, subsidia la penetración de las transnacionales para que vengan
a llevarse sus recursos naturales y a destruir el medio ambiente.

Tras el anuncio de la Ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, de
aplazar el pago por treinta días de los intereses de los bonos Global
2012 hasta conocer el informe de la CAIC, la prensa tremendista augura
oscuros nubarrones para el país, sin embargo, Alejandro Olmos señala que
“el Ecuador en estos 25 años ha pagado mucho más de lo que recibió, eso
ya es un indicio de lo que es la deuda ecuatoriana. Si no se paga la
deuda no pasa nada, en la historia de todos los países que no han pagado
la deuda no les ha pasado nada”.

* Documento completo en http://www.alainet.org/active/27559

Nota:
(1) Informe final de la Auditoría para bajar en pdf:
http://www.auditoriadeuda.org.ec/images/stories/documentos/informe_final_CAIC.pdf



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