Campaña por la ratificación de la condena del coronel Mario Pantoja comandante de la masacre de Eldorado de Carajás

Minga Informativa de Movimientos Sociales
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Campaña por la ratificación de la condena del coronel Mario Pantoja
comandante de la masacre de Eldorado de Carajás

Comandante de masacre será juzgado por el STJ el día 23

Recurso Especial n.º 818815
QUINTA TURMA
Ministra Relatora LAURITA VAZ – gab.laurita.vaz@stj.jus.br
Ministro NAPOLEÃO MAIA FILHO (pres. da turma) -
gab.napoleao.maia@stj.jus.br Ministro FELIX FISCHER –
gab.felix.fischer@stj.jus.br
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA – gab.arnaldo.lima@stj.jus.br
Ministro JORGE MUSSI – gmjm@stj.jus.br


“Es difícil defender
sólo con palabras la vida
(todavía más cuando ella es
ésta que ve, severina).”
João Cabral de Meto Neto

El próximo 23 de junio, después de más de tres años de espera, será
juzgado por la Quinta Turma del Superior Tribunal de Justicia, el
recurso planteado por el Coronel Mario Colares Pantoja, uno de los
comandantes de la Masacre de Eldorado de Carajás, que tiene por objeto
la anulación del juicio en el cual él fue condenado a 228 años de cárcel.

El único y absurdo argumento por él presentado es el de que habría
habido nulidad del juicio por deficiencia en la formulación de las
preguntas presentadas al cuerpo de jurados, lo que no pasa de una
ficción jurídica, creada para volver la impunidad definitiva.

El día 17 de abril de 1996, en el estado brasileño de Pará, en las
proximidades del municipio de Eldorado del Carajás, en un trecho de la
autovía PA 150, en el local denominado como curva “S”, 155 policías
militares, divididos en dos tropas, cercaron y atacaron con armas de
fuego una manifestación de trabajadores rurales sin tierra que
bloqueaban la carretera para reivindicar la realización de la reforma
agraria.

Estos hechos quedaron grabados en la memoria del pueblo brasileño y de
todo el mundo como la masacre de Eldorado del Carajás.

Seis trabajadores rurales fueron asesinados con disparos de armas de
fuego durante la operación militar de despeje de la pista de la autovía.
Tras el despeje y terminada la misión de los policías, fueron ejecutados
sumariamente todavía otros trece trabajadores, que estaban heridos e
inconscientes en la pista y otros que, conscientes, no tenían más
condiciones de locomoción, debido a heridas de bala en los pies y
piernas. Quedaron 19 trabajadores rurales muertos, 69 heridos y, de
entre estos, tres fallecieron algunos meses después en razón de las
secuelas producidas por la brutal violencia.

Pasados trece años de uno de los más vehementes ejemplos de impunidad
que rodea los crímenes cometidos en el país contra los trabajadores
rurales, ninguno de los responsables de la masacre fue efectivamente
sancionado.

Todo fue hecho para que los responsables queden impunes.

El día de la masacre, los cuerpos fueron retirados del lugar antes de la
llegada del peritaje. No se realizaron exámenes de residuos de pólvora
en las manos de los policías militares para verificar quien había
efectuado los tiros. Tampoco fueron recogidas las armas de los policías
para averiguación de cuál arma, bajo el poder de cuál policía era
responsable por la muerte de cada uno de los 19 trabajadores
sacrificados. Ante todo, como todo había sido planificado, los Policías
Militares salieron de sus batallones sin las identificaciones que
deberían ostentar en sus uniformes.

En la sede judicial, se evidenció también de manera abundante la
colusión para la impunidad.

El juez Ronaldo Valle, presidente de los primeros juicios realizados por
el Tribunal del Jurado de Belém/Pará, en agosto de 1999, dejó que
ocurriesen innumerables violaciones al procedimiento legal, siendo la
más grave el permiso para que uno de los jurados manifestase en público,
durante la sesión, su opinión sobre la ausencia de culpa de los policías
por la masacre.

Al final de la primera sesión que llevó a juicio a los comandantes de la
masacre, con evidente interés de perjudicar la comprensión de los
jurados, el juez formuló de forma confusa las preguntas a ellos
dirigidas, culminando en la absolución del coronel Mário Colares
Pantoja, del mayor Maria José Oliveira y del capitán Raimundo Almandra
Lameira.

En el año 2000, en razón de esas nulidades, el Tribunal de Justicia de
Pará anuló el juicio, el juez Ronaldo Valle pidió alejarse del caso y de
entre los 18 jueces de la Comarca de Belém, 17 se declararon impedidos
de presidir el juicio, alegando ser favorables a los Policías y
contrarios al MST.

Sin embargo, aceptando presidir el juicio bajo el alegato público de no
tener miedo del MST, la jueza Eva do Amaral Coelho estableció una nueva
sesión de juicio de los comandantes para el mes de julio de 2001,
determinando que fuese retirada del proceso la principal prueba de la
acusación, un laudo del perito Ricardo Molina, de la Universidad de
Campinas, demostrando que los primeros disparos habían sido hechos por
la PM, y no por los sin-tierra.

El Ministerio Público y los asistentes de la acusación protestaron
contra esa determinación, el jurado fue aplazado hasta el mes de mayo de
2002 y se determinó la separación de la Jueza.

Designado el juez Roberto Moura para presidir el caso, este decidió
juzgar, en sólo cinco sesiones, 144 policías militares, y hubo
innumerables denuncias de testigos que sufrieron amenazas.

Al final de los juicios, sólo el Coronel Pantoja y el mayor Oliveira
fueron condenados. Habían recibido la pena de 228 años de cárcel, pero
obtuvieron el beneficio de apelar en libertad. Ambos presentaron recurso
de apelación al Tribunal de Justicia de Pará, que les negó los pedidos.
Ambos también apelaron al Superior Tribunal de Justicia y al Supremo
Tribunal Federal y aguardan en libertad el juicio de esos recursos.

Por todas esas razones, pedimos a todos/as que se manifiesten, enviando
a los Ministros integrantes de la Quinta Turma del Superior Tribunal de
Justicia y a la Ministra Relatora, el pedido para que sea mantenida la
condena del Coronel Mario Pantoja, con lo que se dará un paso más en
dirección de la justicia. “Si nosotros callamos, las piedras gritarán”
(Pedro Tierra)